LA MARCA ESPAÑA Y EL PODER DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

«La economía libre y el libre comercio son sólo expresiones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca ha sido libre. O la maneja el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen grandes consorcios en perjuicio de éste». (Juan Domingo Perón, 1895-1974).

Oficialmente esta es la definición de la llamada Marca España: «El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España es un órgano creado el 28 de junio de 2012 con el propósito de planificar, impulsar y gestionar de forma coordinada las actuaciones de las Administraciones Públicas, de los organismos públicos de ellas dependientes y de cuantas entidades públicas y privadas protagonizan y están implicadas en la promoción de la imagen exterior de España, siguiendo las directrices y estrategias establecidas por el Consejo de Política Exterior. Persigue mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país. Depende funcionalmente del Presidente del Gobierno, a través del Consejo de Política Exterior, y orgánicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación».

Una definición que una vez traducida al lenguaje real que todos hablamos y entendemos significa que los gobiernos neoliberales del régimen español (PP/PSOE) ponen todos los recursos del Estado, incluida su Política Exterior, al servicio de las grandes empresas privadas representadas por dicha marca. Esas empresas son fundamentalmente las grandes empresas transnacionales que cotizan en el IBEX 35, el índice bursátil español. Esta marca, que no es otra cosa que un lobby privado financiado con recursos públicos, no representa ni tiene absolutamente nada que ver con los intereses de las pequeñas y medianas empresas que crean el 92% del empleo en España ni mucho menos con los intereses de las clases trabajadoras y la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Desde el gobierno neoliberal, las instituciones públicas, el poder económico y sus grandes medios de comunicación se mantiene una continua campaña de propaganda que trata de convencernos a todos de que los intereses que defiende la Marca España son los intereses del país, nuestros intereses, los de «todos los españoles», los de la mayoría. Esta falacia es pura propaganda extendida para que aceptemos este modelo político-económico neoliberal bajo el cual los recursos públicos son utilizados para el beneficio y enriquecimiento de una élite económica y financiera minoritaria y no en función del interés general.

La conocida como teoría del derrame, muy difundida por los neoliberales ya desde los años 90, según la cual los buenos resultados macroeconómicos dejarían sentir sus efectos en primer lugar en los estratos más acomodados de las sociedades para posteriormente ir «derramándose» al resto de la sociedad, es absolutamente falsa. No es cierto que «si a estas grandes empresas trasnacionales les va bien… a todos los demás ciudadanos nos irá bien». Los datos derrumban esta teoría neoliberal puesto que las grandes empresas españolas siguen aumentando sus ganancias año tras año [1] mientras las clases trabajadoras cada día están más empobrecidas [2]. Hoy en día ni siquiera tener un trabajo garantiza salir de la pobreza en España y en el sur de Europa [3].

«(…) Nuestra investigación demostró que en los primeros nueve meses de 2013, los 25 multimillonarios más ricos aumentaron su riqueza en 85 mil millones de dólares, mientras que, en el sur global y en los EEUU y UE, más personas pierden su renta a través del desempleo o pérdida de subsistencia y soportan hambre y empobrecimiento. La centralización de poder también creció. Un estudio de 43 mil transnacionales mostró que menos de 1%, principalmente bancos, controlan las acciones de 40% de los negocios globales. Esto no es solamente injusto, pero también demuestra la vulnerabilidad extrema de nuestro sistema económico actual (…)». [4]

 

Además estas grandes empresas no sólo no son las que crean el empleo y la riqueza en España sino que desde el inicio de la crisis en 2008 lo están destruyendo a través de los diversos ERES que han ido aplicando aprovechando las diferentes reformas laborales de los gobiernos neoliberales del PSOE primero y ahora del PP. Estas grandes empresas españolas junto a las grandes fortunas del país son las que cometen el 73% de todo el fraude fiscal del Estado, que ronda los 90.000 millones de euros al año. Estas grandes empresas multinacionales amasan su fortunas en el exterior a base de explotar a los seres humanos – incluidos niños -, a base de esquilmar los recursos naturales del Planeta, y desviando sus enormes beneficios a los paraísos fiscales, aprovechando la enorme desregulación existente en este mundo capitalista globalizado y la complicidad de las élites políticas que gobiernan en las plutocracias occidentales.

Muchas de estas empresas transnacionales españolas (aunque es bien sabido que el Capital no tiene patria) que dicen falazmente «representarnos a todos» por el mundo, también están acusadas de cometer todo tipo de crímenes y abusos en diversos países donde desarrollan su actividad. En Guatemala, por ejemplo, la empresa energética Hidralia Energía está vinculada al asesinato y la represión de campesinos y es acusada de no respetar los Derechos de los Pueblos y Comunidades guatemaltecas, con el fin de conseguir terrenos y hacerse con la explotación de la energía hidroeléctrica de la población de Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango [5]. Otro ejemplo lo encontramos en Brasil, donde la empresa Iberdrola esta implicada en varios casos de amenazas de muerte a campesinos y es acusada de sobornar a políticos, policías y líderes de aldeas relacionados con la construcción de la presa de Belo Monte. También es sabido que aportó fondos a las campañas electorales del Partido de los Trabajadores y otros partidos políticos con el fin de conseguir sus favores. Iberdrola también tiene negocios turbios en México, país donde el gobierno llegó incluso a cambiar su Constitución para beneficiar los negocios de Iberdrola y otras empresas transnacionales. La construcción de una central eólica en Oaxaca destaca como uno de los casos más denunciados contra esta empresa en México [6].

 

En Europa, el último escándalo conocido surgido tras las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que en una amplia investigación hicieron pública la existencia de 548 acuerdos secretos entre las autoridades de Luxemburgo y al menos 340 grandes empresas para pagar menos impuestos [7], es un caso paradigmático de cómo funciona este sistema de globalización neoliberal en el que los gobernantes supuestamente «elegidos por el pueblo» están a las órdenes de la oligarquía y velan por los intereses de las grandes corporaciones empresariales y financieras. Nada más y nada menos que el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presidente de un organismo que exige a los gobiernos europeos reducir salarios y aplicar recortes sociales, era el primer ministro de Luxemburgo cuando se ejecutaron esos pactos secretos con varias empresas transnacionales, entre ellas las grandes empresas españolas, la Marca España que «representa a todos los españoles». Ante esto cabe preguntarse lo siguiente: ¿Puede un país soberano y un gobierno que vele por los intereses de las mayorías, seguir formando parte de unas instituciones internacionales tan corruptas y bajo un modelo tan neoliberal y antidemocrático como el que reina en Europa? ¿podemos pensar de cara al futuro próximo en una España realmente democrática y soberana si seguimos dentro de unas instituciones políticas, económicas, monetarias y comerciales en manos del capital financiero y ajenas a la voluntad y a las necesidades de las clases trabajadoras mayoritarias?

«(…) Según el ex secretario de Trabajo (1993-1997)  de EE.UU. Robert Reich, en las últimas dos décadas las ganancias corporativas subieron 600 por ciento mientras que los salarios sólo un 30 por ciento. Las más grandes trasnacionales controlan decisiones del gobierno de los Estados Unidos y el de la Unión Europea, imponiendo también sus reglas en América Latina. Sus preferencias están orientadas hacia el sector de alimentos, salud, el acceso a la medicina, medio ambiente, inversión extranjera y los servicios públicos, es decir lo esencial para el ser humano. Lo curioso fue que desde el inicio de la crisis económica en Norteamérica y la Unión Europea, las transnacionales encontraron su refugio en América Latina. Solamente en 2011 en plena crisis financiera en Europa, el Banco de Santander obtuvo el 52 por ciento de beneficios en América Latina, el BBVA el 47 y la Telefónica el 46.5 por ciento (…)». [8]

 

Los grandes capitales y las grandes corporaciones empresariales y financieras (incluidas las españolas: la Marca España) se mueven por el mundo con total libertad, sin regulaciones, sin barreras, en función de sus intereses económicos privados. Todos los tratados económicos (como el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza europeo que nos obliga a reducir al máximo el déficit público en los próximos años, lo que se traduce en más recortes sociales), los tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales y Plurilaterales de Inversiones, etc. a los que se ha adherido España desde la Transición hasta la actualidad van dirigidos a reducir la presencia del Estado en la economía en favor de las grandes corporaciones financieras y empresariales mundiales. Las deslocalizaciones, la precariedad laboral, las privatizaciones, el alto desempleo, la estafa de la «deuda soberana», la propia crisis financiera, etc. son las consecuencias lógicas y esperadas de un sistema capitalista globalizado que es incompatible con la democracia y la soberanía de los Estados. Todo ello es el resultado de haber aceptado un modelo económico, comercial y político a nivel europeo y mundial en el que los Derechos Humanos y el respeto por la naturaleza desaparecen para posibilitar que las grandes corporaciones sigan incrementando sus márgenes de ganancia, que continúan creciendo enormemente gracias a la crisis económica y financiera.

 

Las grandes corporaciones transnacionales poseen un poder que no tiene contrapeso jurídico alguno. Por el contrario existe todo un marco jurídico internacional que protege los intereses económicos de estas grandes corporaciones empresariales, por ejemplo a través de la llamada Lex Mercatoria [9], hasta el punto de que estas empresas transnacionales pueden demandar a un gobierno si esta empresa considera que las políticas públicas que aplica ese gobierno perjudican a sus inversiones e intereses corporativos. Por si fuera poco, el Tratado de Libre Comercio que pronto estará en marcha entre EE.UU y la Unión Europea [10], y que se está negociando de espalda a los ciudadanos de ambos lados del atlántico norte, supondrá más desregulaciones y servirá para dar más poder y libertad a estas grandes empresas transnacionales y para dejar a los pies de los caballos a los trabajadores y ciudadanos frente a sus abusos. De hecho, el pasado 26 de junio de 2014 fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU una resolución presentada por Ecuador que buscaba crear un marco regulatorio a escala mundial que impida los abusos de las empresas transnacionales y las obligue a respetar el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Dicha resolución fue aprobada con el voto a favor de 20 países, entre ellos, además de Ecuador, por países como China, Rusia, India, Sudáfrica, Cuba o Venezuela. Otros como Argentina y Brasil «sorprendentemente» se abstuvieron. Estados Unidos y las potencias europeas, entre otros, votaron en contra de esta resolución [11]. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

«(…) Naciones Unidas viene topándose con serias dificultades para hacer valer los derechos humanos de cara a las empresas transnacionales cada vez que se lo propone. La Organización Mundial del Comercio, un organismo que no pertenece a las Naciones Unidas, le disputa competencia en asuntos de economía internacional sensibles para los derechos humanos. (…) En Naciones Unidas, en 2003, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, un organismo formado por expertos y expertas independientes, acordó unas “Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales” tendentes a su vinculación efectiva al respeto de los derechos humanos y al resarcimiento justo por las violaciones de los mismos. Pacto Global, un lobby de grandes empresas en el mismo seno de las Naciones Unidas, reaccionó fuertemente en contra. En 2006, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos desaparecía del organigrama de las Naciones Unidas. Con ella se esfumó su proyecto de normas sobre las responsabilidades de las empresas en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos. (…)» [12]

Un dato para concluir: tan sólo 147 mega-corporaciones controlan el 40% de toda la economía mundial [13]. Es decir, que los gobiernos no son soberanos y sus políticas están condicionadas a los intereses económicos de unas minorías privilegiadas que usurpan la soberanía popular. Los gobiernos títeres occidentales – como los gobiernos PP-PSOE que sufrimos en España – se someten a las decisiones que adoptan unos organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y su Centro Internacional para el Arreglo de Controversias  Relacionadas con las Inversiones (CIADI), la Organización Mundial del Comercio, el Banco de Pagos Internacionales,… o el Banco Central Europeo en el caso de la Eurozona y la Comisión Europea en toda la UE (la Troika), que sin someterse a ningún tipo de filtro democrático toman decisiones por encima de los Estados sobre asuntos que afectan directamente a la nuestras economías y a la vida de todos los ciudadanos [14]. Estos gobiernos títeres del capital cambian incluso sus Constituciones por orden de estos organismos e instituciones supranacionales que representan al capital financiero internacional.

«No es solo su tamaño, su enorme riqueza y activos que hacen de las transnacionales un peligro para la democracia. Es también su concentración, su capacidad de influenciar, y frecuentemente infiltrar gobiernos y su habilidad de actuar como una clase social internacional genuina para defender sus intereses comerciales contra el bien común». (Susan George*)

 

En conclusión, y en contra del discurso político y mediático dominante, queda claro que los intereses de las clases trabajadoras y populares en España, en Europa y en todo el mundo están en las antípodas de los intereses que defienden estas grandes corporaciones que son realmente quienes detentan el poder global. No sólo no nos representan ni crean riqueza colectiva sino que de hecho existe una guerra de clases entre estas clases capitalistas que dirigen las grandes corporaciones y tienen cooptado al poder político, y las clases trabajadoras y populares que sufren las consecuencias de su corrupción, sus abusos y el expolio de los recursos colectivos de los países.

 

 

NOTAS

 

[1] Las grandes fortunas en España crecen casi un 10%,- Público.es, 4/11/2014

 

[2] Un informe sitúa a los trabajadores españoles entre los más pobres de la UE,- La Varguardia.com, 19/10/2014

 

[3]  El 12,3% de los trabajadores españoles, por debajo del umbral de la pobreza,- elEconomista.es, 19/10/2014

 

[4] Reflexiones sobre el poder de las corporaciones,- informe Estado del Poder 2014, de Brid Brennan (Poder Corporativo, 24/1/2014)

[5] Guatemala, estado de excepción,- artículo del periodista guatemalteco Andrés Cabanas, autor del blog Memorial de Guatemala (publicado en Diagonal-Global, 3/11/2014)

[6] Campesinos de Belo Monte denuncian sobornos por parte de Iberdrola,- La Marea, 19/7/2014

[7] Luxemburgo, refugio fiscal para grandes fortunas españolas y empresas del Ibex,- eldiario.es, 6/11/2014

[8] Las transnacionales buscan un poder ilimitado,- artículo de la periodista Vicky Peláez (Ria Novosti, 21/2/2014)

 

[9] Introducción a la Lex Mercatoria, un trabajo de Daniel Guillén Jiménez.

[10] ¡Peligro! Acuerdo Transalántico,- Ignacio Ramonet, en el editorial de Le Monde Diplomatique en español, marzo de 2014.

 

[11]  Los DD.HH. y las transnacionales,- artículo de Gustavo Veiga (Página 12, 15/7/2014)

[12] Naciones Unidas, Empresas Transnacionales, Pueblos Indígenas,- artículo del profesor Bartolomé Clavero (publicado en Contrapoder, en el eldiario.es, 3/11/2014)

[13] 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental,- artículo de Ernesto Carmona (Cubadebate, 6/11/2012)

[14] Ex-funcionaria del Banco Mundial revela cómo la elite corporativa domina al mundo,- blog Jaque al Neoliberalismo, 23/2/2014

* Susan George es Presidenta de la Junta del TNI y presidenta honoraria de Attac-Francia. Es una de las investigadoras más renombradas del TNI por sus innovadores análisis sobre problemas mundiales. Autora de 14 libros traducidos a numerosos idiomas. Doctora honoris causa por la Universidad de Newcastle-upon-Tyne y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Galardonada con el primer Outstanding Public Scholar Award, concedido por la unidad de Economía Política Internacional de la Asociación de Estudios Internacionales (ISA).