EL PLEBISCITO SOBRE EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA NO ES REPRESENTATIVO, NI DEMOCRÁTICO, Y DEBERÍA CUESTIONARSE

 
Observando los datos recogidos tras el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en Colombia del pasado domingo, la primera conclusión que se extrae de su análisis, es que la legitimidad de esa consulta debería ser cuestionada muy profundamente. Es cierto que las leyes en Colombia, como en cualquier “democracia liberal” o “representativa” occidental, no dicen nada respecto al nivel de participación que debiera exigirse para que un proceso electoral o consulta de cualquier tipo sea considerado como legítimo. Esto es algo inexplicable, porque no parece lógico ni muy democrático que una minoría de la población decida sobre asuntos que afectan directamente al conjunto del país. Y mucho más cuando esa exclusión y desafección social es provocada por el sistema impuesto por las clases dominantes. En el caso de Colombia sólo un 38% de los ciudadanos acudieron a votar el pasado domingo. Es decir, hubo un 62% de abstención.
 
¿Nadie se pregunta el por qué de esta desafección política? ¿Nadie cuestiona la legitimidad de este resultado y de otros procesos electorales similares totalmente impopulares? ¿Nadie cuestiona el actual régimen político totalmente excluyente de Colombia y de otras “democracias liberales” al estilo occidental? 
 
Fue tan baja la participación y tan pequeña la diferencia entre el NO y el SI (apenas 60.000 votos), que ninguno de los dos bloques enfrentados tiene motivos para la euforia ni para el desánimo más absoluto. Es posible cualquier interpretación y su contraria. A nadie se le escapa que un proceso tan complejo como el reflejado en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC-EP necesita de mucha pedagogía política para ser digerido y bien interpretado por un pueblo que sufre las consecuencias del conflicto armado desde hace 50 años y que está expuesto diariamente a la manipulación mediática más absoluta (como lo estamos también aquí en España). Pero parece que hubo precipitación, sin tiempo para poder emprender una potente campaña explicativa. También hubo un exceso de confianza entre los defensores del SI, motivado sin duda por los datos favorables reflejados en las encuestas. Por cierto, ¿fallaron las encuestas o por el contrario esa unanimidad mostrada a favor del Acuerdo de Paz buscaba lograr un efecto desmovilizador del SI entre los ciudadanos? Eso nunca lo sabremos y en realidad poco importa a estas alturas.
 
Sea como fuere, el hecho es que uno de cada tres colombianos no acudió a votar el pasado domingo 2 de octubre en el plebiscito convocado. Quizás este dato tenga algo que ver con que, casualmente, uno de cada tres colombianos viva en la más absoluta pobreza. O que a casi un 62% de los colombianos (justo el mismo porcentaje de abstención que hubo en el plebiscito) sus ingresos no les alcancen para llegar a fin de mes. Las élites políticas y empresariales en Colombia nunca pretendieron que el sistema fuera inclusivo, ni en lo político e institucional ni en lo económico y social. Al mismo tiempo que los datos macroeconómicos señalan el crecimiento de la economía colombiana, algo celebrado por la prensa corporativa internacional y analistas neoliberales, nos encontramos con que sólo en los cinco primeros meses de 2016 más de 100 niños murieron por desnutrición en Colombia. ¿Resulta extraño que haya habido un 62% de abstención?
 
Estos datos, vistos en paralelo con lo que decía anteriormente sobre la falta de representatividad del sistema político, evidencian que en los regímenes neoliberales la situación, los intereses y la opinión de una minoría se imponen como una realidad “representativa” de toda una sociedad cuyas mayorías viven de espaldas a esa realidad artificialmente presentada. 
 
Una amplia mayoría de colombianos no participaron en un proceso que todos definían como histórico. Una mayoría del pueblo no participa de la vida política del país ni interviene en las decisiones trascendentales que le afectan directamente. Los motivos para explicarlo pueden ser diversos e interpretables, pero los datos objetivos son indiscutibles y demoledores. Sin participación popular no puede hablarse de “democracia”. Sin un porcentaje de participación mayoritario no puede hablarse de “representatividad”. Y este principio democrático es aplicable a todas las “democracias liberales” y “representativas”, incluido España, donde presidentes con apenas un 30% de apoyo popular obtienen mayorías absolutas parlamentarias que les otorgan un enorme poder político e institucional.
 
Tras la “victoria” del NO al Acuerdo de Paz, pudimos ver y escuchar a través de los medios corporativos y las redes sociales a muchos ciudadanos celebrando en las calles de Colombia los resultados del plebiscito. Algunos de sus argumentos para votar por el NO eran que el proceso estaba “amañado” a favor a las FARC-EP, cuyos “crímenes” quedarían “impunes” y que, prácticamente, se apropiarían del país de la mano de sus socios “Castro-Chavistas”. Otros llegaron a exclamar que “Maduro y los Castro deberían pedir perdón al pueblo colombiano” tras esta derrota en las urnas. Estas falacias llevaban el claro sello del corrupto y criminal expresidente Álvaro Uribe Vélez, el responsable de los “falsos positivos”. Por supuesto que este tipo de acusaciones y sinsentidos se lanzan sin presentar ni señalar ninguna prueba o evidencia de ello, más allá del hecho geográfico de que el proceso de Paz se celebró y se firmó en La Habana.
 
Parece que quienes lanzan estas acusaciones olvidan que dicho Acuerdo de Paz contaba con el apoyo y participación de toda la “comunidad internacional”, incluido Washington, poco amigo de las FARC-EP y de los comunistas. De hecho uno de los puntos del Acuerdo de Paz explica concretamente que los “crímenes de lesa humanidad” o “crímenes de guerra” que se hubiesen cometido por ambas partes (Estado y guerrilla) no iban a quedar impunes y serían susceptibles de ser investigados por la Justicia, lo cual recibió el elogio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que calificó el Acuerdo como un “logro histórico para Colombia”. ¿Por qué no se insistió lo suficiente en mostrarle esta realidad al pueblo colombiano para desenmascarar a los farsantes?
 
La Fiscal de la CPI afirmó en su comunicación que recibió “con satisfacción que el texto final del acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma”. (…) “el acuerdo de paz reconoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia. Estas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”. [El Tiempo, 1/9/2016]
En Colombia, o al menos en las grandes ciudades, triunfaron los eslóganes sin fundamento que agitan el odio y las bajas pasiones, que es la especialidad de la extrema derecha y de los medios de comunicación corruptos que les siguen el juego. Es este sector de la oligarquía empresarial y la extrema derecha política colombiana quienes temen que se aplique la “Justicia Transicional”. Son ellos precisamente quienes más trapos sucios tienen que esconder y a quienes la justicia debería juzgar en primer lugar como financiadores de los grupos paramilitares, que utilizan como escuadrones de la muerte para saquear las tierras de los campesinos y eliminar a la disidencia política. Son estos sectores fascistas, encabezados políticamente por Álvaro Uribe, quienes pretenden garantizar su impunidad boicoteando el proceso de Paz en Colombia. Quienes denuncian con argumentos falsos la “impunidad de las FARC-EP” sólo pretenden esconder sus propios crímenes. De momento han ganado esta primera batalla. “Por ahora”, que diría Hugo Chávez.
 
Lo que se pretende es que los crímenes de los financiadores de la guerra queden en la completa impunidad y no se conozca ni una parte de los numerosos delitos de que son responsables. No cabe lugar para preguntarse sobre los culpables corporativos del asesinato de tres mil sindicalistas, entre los que se encuentran transnacionales del banano (La Chiquita Brands), del carbón (La Drumond), de las bebidas y alimentos (Coca-Cola y Nestlé) (…) Para que no se conozca ni siquiera una parte de la verdad sobre la participación directa de los empresarios en el conflicto interno de nuestro país es que se está organizando esa campaña de auto-victimización, en donde los que han financiado y armado ejércitos paraestatales ahora aparecen como unos mansos e indefensos corderos, que no rompen ni un plato. [La paz de los empresarios,- Renán Vega Cantor]
 
Decía el libertador Simón Bolívar que “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”. Por desgracia, muchas décadas después, la vigencia de sus palabras resulta inapelable.  
 

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