Publicado por El jueves día 30 de marzo el exdiputado brasileño Eduardo Cunha, el arquitecto político del golpe parlamentario (llamado eufemísticamente «impeachment») contra Dilma Roussef, fue condenado a 15 años de cárcel por cometer «crímenes de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal». Unos días antes, a través de una investigación de la periodista Cynthia García publicada en el diario argentino Página 12, también se dieron a conocer las corruptelas del candidato a la presencia del gobierno de Ecuador, el mal llamado «ex-banquero» Guillermo Lasso, quien de espaldas a las autoridades ecuatorianas y saltándose las leyes del país que pretende presidir sigue dirigiendo actualmente un banco de inversión con sede en Panamá dedicado principalmente a facilitar la fuga de capitales desde Ecuador, además de evadir impuestos a través de varias empresas o «sociedades off shore» que figuran a su nombre o al de algunos de sus familiares o allegados [1].
Sin embargo estas noticias de gran importancia y repercusión política no fueron del interés de los grandes medios corporativos. Nadie se cuestionó desde estas tribunas mediáticas la legitimidad del impopular y corrupto régimen brasileño, ni cuestionaron la legitimidad del corrupto banquero Lasso como aspirante a dirigir Ecuador (dirigirlo de nuevo hacia el neoliberalismo y la falta de soberanía). Su atención estuvo una vez más puesta en Venezuela para arremeter contra el electo gobierno venezolano negando su legitimidad para aplicar las leyes y la Constitución vigentes en el país.
Los verdaderos golpistas denuncian un golpe de Estado inexistente
La decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela de desautorizar a la Asamblea Nacional y asumir sus competencias ocupó las portadas de la prensa internacional y fue citada en todos los informativos de televisión y radio en España y prácticamente en todos los países del mundo. El mensaje que se quiere enviar es claro: en Venezuela reina el caos, no existe separación de poderes, las instituciones no funcionan, es un Estado fallido, las libertades han sido eliminadas, se ha dado un «Golpe de Estado en Venezuela«. Sin embargo ninguno de estos medios de comunicación – especialmente los medios españoles – parecen demasiado interesados en explicar el contexto jurídico y político en el que se adopta esta decisión del tribunal. Obviamente lo importante es difundir masivamente una matriz de opinión contraria al gobierno venezolano que ayude a incrementar su criminalización. La información es lo de menos.
La Asamblea Nacional se encontraba en situación de «desacato» desde el mismo día en que se constituyó ilegalmente. La razón es que tres de sus diputados, elegidos por el Estado Amazonas en las elecciones de diciembre de 2015, estaban siendo investigados debido a un presunto fraude electoral en el que incurrieron cuando fueron elegidos. Todo lo que la Asamblea Nacional debía hacer para normalizar y legalizar la situación era impedir la juramentación de los tres diputados para repetir las elecciones en ese Estado, siguiendo las leyes y procedimientos constitucionales que existen al respecto, hasta que la investigación judicial sobre el fraude electoral finalizase. Así de sencillo.
Sin embargo los miembros de la oposición que dominan la Asamblea Nacional decidieron desobedecer todas y cada una de las sentencias y advertencias que le llegaban desde las instituciones judiciales del Estado desde hace más de un año (5 de enero de 2016). Y se saltaron las leyes de forma premeditada porque buscaban una confrontación directa con el gobierno y las instituciones del Estado. Es su forma de hacer «política».
En ningún país europeo si hubiera permitido algo parecido a lo ocurrido en Venezuela: que una institución del Estado desobedeciera a otra institución superior incumpliendo además lo dictado en su propia Constitución. De hecho en España recientemente hemos asistido a la condena judicial del expresidente de Cataluña (Artur Mas) y de otros cargos políticos de su gobierno (como Francesc Homs) por convocar un referéndum o consulta popular sobre la futura independencia de Cataluña desobedeciendo al Tribunal Constitucional que había prohibido el referéndum unos días antes de celebrarse. Pero, en este caso, ningún medio corporativo ni gobierno occidental habló de «golpe de Estado» en España ni acusó al gobierno títere de Rajoy de «consolidar una dictadura», como ha hecho el infame diario El País en su editorial del viernes 31 de marzo. Se olvida este diario, en manos de Catar y del capital financiero estadounidense, que en un sistema presidencialista como el de Venezuela, en caso de confrontación entre instituciones o poderes del Estado, es el presidente del gobierno quien tiene la legitimidad última para tomar decisiones. A día de hoy ninguno de estos medios de propaganda ha sido capaz de señalar qué artículos concretos de la Constitución venezolana están siendo violados por el presidente Nicolás Maduro.
Resulta paradójico que aquellos que encabezaron y apoyaron el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 (Golpe a un caudillo, así lo celebraba El País en su editorial del 13 de abril de 2002) y el golpe suave contra Maduro patrocinado por Hillary Clinton y Obama en 2014 llamado La Salida (43 muertos en total), denuncien ahora con todas las letras un «golpe de Estado» en Venezuela. Grotesco también resulta escuchar a una oposición que ganó unas elecciones parlamentarias y que domina la Asamblea Nacional gritar que «Venezuela es una dictadura». O que no existe la «separación de poderes» al mismo tiempo que escuchamos a la Fiscal General del Estado, Luisa Ortega Díaz, supuestamente «chavista», criticar duramente y de forma pública la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela.
¿Se imaginan al Fiscal General de la democrática España hacer lo mismo que su homóloga venezolana con una decisión del Tribunal Supremo español?
No reconocer la legitimidad de un gobierno, primer paso para justificar su derrocamiento
La oposición venezolana – siguiendo instrucciones de Washington – está acostumbrada a actuar fuera de los márgenes legales para provocar la consecuente reacción del gobierno y poder presentarse como «víctimas del régimen» cuando se les apliquen las leyes vigentes, como a cualquier otro ciudadano. Esa es su estrategia de oposición: tensar la cuerda al máximo con la esperanza de que se rompa y provoque una situación de violencia estatal y social que requiera de una «intervención internacional», algo que la «patriótica» oposición venezolana ya reclamó en varias ocasiones de manera más que vergonzante. Y este es, en paralelo y de forma coordinada, el papel que ejerce el enviado de Washington a la OEA, Luis Almagro.
A pesar de encontrarse en situación de «desacato», el pasado 9 de enero la Asamblea Nacional desautorizó institucionalmente al presidente Maduro alegando «abandono de su cargo». Era otra provocación más. Realmente nunca reconocieron la legitimidad del gobierno de Maduro (en realidad nunca desde 1999). Este es un punto muy importante, porque no reconocer dicha legitimidad democrática para gobernar abre las puertas a cometer cualquier tipo de acto para luchar contra la supuesta «tiranía». Desconocer su legitimidad es el primer paso para comenzar la guerra de propaganda que conduce finalmente a un «cambio de régimen». Todo tipo de violencia y de crímenes están justificados contra un «régimen ilegítimo». Las sociedades occidentales aceptan y apoyan cualquier crimen que se cometa contra alguien al que los medios corporativos le presenten como un «tirano» o un «dictador sanguinario». Es la misma agenda de propaganda sicológica imperialista que se aplicó contra el gobierno de Yugoslavia, Irak, Libia… o actualmente Siria. Venezuela también está en esta agenda.
No debemos olvidar que en estos ambientes prebélicos y bélicos cualquier apoyo a una calumnia de un líder, de un pueblo, o del sistema político de un país tiene unos efectos demoledores, con unas consecuencias terribles. «Una vez que la conciencia social es inducida a asumir la ilegitimidad de un líder o de un sistema político, la forma de su derrocamiento es ya una cuestión secundaria, un problema tecnológico.» …basta con deslegitimar o demonizar al líder de un país, una vez hecho esto lo demás viene seguido y rodado. Es una cuestión secundaria, solo un problema técnico que los expertos mediáticos y militares solventarán. [2]
Venezuela forma parte de ese grupo de países soberanos e independientes a los que desde Occidente se les niega el derecho a la legítima defensa, en todos los planos. A Venezuela se le exige que no aplique sus propias leyes y que deje en la impunidad aquellos actos ilegales que ningún gobierno occidental permite que ocurran en su propio territorio. Por ejemplo, si Leopoldo López – el «preso político» más paradigmático para la prensa occidental [3] – fuese un político estadounidense y hubiese ejercido allí ese tipo de «oposición» violenta que ejerce en Venezuela (La Salida, en 2014, con resultado de 43 muertos y 800 heridos) estaría en la cárcel condenado probablemente a cadena perpetua por llamar a una insurrección contra el gobierno de la nación. En Francia, tanto él como el resto de dirigentes de la oposición golpista, estarían en la cárcel condenados por «poner en peligro las instituciones de la República» [4]. En España, donde los familiares de Leopoldo López son recibidos como héroes, estaría en la cárcel condenado por cometer, como mínimo, un delito de «terrorismo callejero«.
Art. 577 del Código Penal. (Dentro del capítulo de delitos de terrorismo). «Los que, sin pertenecer a grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública (…), serán castigados con la pena que corresponda en su mitad superior». [Así se combatió jurídicamente la «kale borroka», diario español ABC, 31/3/2014]
Y, por supuesto, las «democracias» occidentales no permiten que otros países «enemigos» financien y «asesoren» a los partidos políticos y a las organizaciones de la oposición, tal y como hacen los gobiernos imperialistas (principalmente Estados Unidos [5]) con la oposición golpista venezolana a la que financian para derrocar por la vía rápida a un gobierno legítimo salido de las urnas.
Pero estamos hablando de Venezuela, un país que alberga las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo (más que Arabia Saudí) y cuyo gobierno revolucionario no tiene ninguna intención de entregarle esos enormes recursos energéticos a las insaciables corporaciones occidentales. Eso lo explica y lo cambia todo.
REFERENCIAS – NOTAS
[1] Las preocupantes actividades financieras de un candidato presidencial ecuatoriano,- artículo de Mark Weisbrot, co-director del Centro de Investigación Política y Económica (CEPR) con sede en Washington
[2] Esta reflexión forma parte del libro «Chechenia versus Rusia: El caos como tecnología de la contrarrevolución» (2003), de Antonio Fernández Ortiz. Pero el párrafo lo copié directamente de un brillante artículo del escritor y analista Mikel Itulain que recomiendo leer: «Una vez asumida la ilegitimidad de un líder o de un sistema político, la forma de su derrocamiento es ya una cuestión secundaria, un problema técnico.» (¿Es Posible la Paz? 20/8/2014) http://miguel-esposiblelapaz.blogspot.com.es/2014/08/una-vez-asumida-la-ilegitimidad-de-un.html
[3] El López venezolano y el López puertorriqueño: un contraste esclarecedor,- artículo de Atilio Boron (TeleSur, 30/5/2017)
[4] Si la oposición venezolana fuera francesa…,- artículo del profesor Salim Lamrani publicado originalmente en el diario brasileño Opera Mundi (traducido al español en La Pupila Insomne, 15/4/2014)
[5] EE.UU: La emboscada contra Venezuela,- artículo de la abogada Eva Golinger (RT, 12/11/2015)
MIRADOR GLOBAL 
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